Una docente de lengua y literatura de una Unidad Educativa Fiscal del cantón Manta, jurisdicción de la Dirección Distrital 13D02 Jaramijó–Manta–Montecristi, en la provincia de Manabí, denuncia que viene siendo objeto de constante acoso laboral y ha sido declarada excedente tres veces en menos de siete meses.
La docente de 42 años tiene asignación de horario de trabajo de lengua y literatura de octavo a décimo, y la tutoría de décimo año de Educación General Básica Superior. El caso está en instancias judiciales y, aunque las resoluciones han sido a favor de la profesora, las autoridades de la unidad educativa y del distrito han hecho caso omiso; lo que afecta el puesto de trabajo y la partida docente en dicho plantel.
Ante aquello, el pasado 30 de octubre de 2026, la perjudicada ingresó una acción de protección con petición de medidas cautelares conjuntas, en contra de las siguientes entidades y autoridades, por omisiones: arquitecto Diego Francisco Solano Zambrano, director distrital; licenciada Katty Mabel Posligua Mendoza, rectora encargada de la unidad educativa; Procuraduría General del Estado, coordinación Zonal 4 de Educación, Deporte y Cultura; Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
El rector del centro educativo es Ángel Vicente Zambrano Moreira, quien es señalado de «instaurar la persecución» en contra de la docente y Posligua Mendoza, por dar continuidad a las declaratorias de excedentes.
Autoridades hacen caso omiso
Según la docente que lleva relacionada 14 años al servicio educativo público, la odisea empezó en marzo pasado cuando la institución promovió su calificación como docente «excedente», procedieron a reubicarla en otra institución y luego se determinó que hubo vulneración de sus derechos constitucionales y ordenó su reintegro a las funciones que desempeñaba en el centro educativo.
A pesar de esto último, la maestra alega que en septiembre y octubre hubo otras dos “declaratorias de exceso” y que durante sus reintegros ha sido víctima de “acoso permanente, discriminación, persecución y hostigamiento”. Entre esos, la no asignación de carga horaria.
De igual forma, desde 2019, la docente tiene nombramiento definitivo en la institución y, en la actualidad, la carga horaria y curso le fueron asignados a una profesora nueva, cuando se habla de que hay más profesores de los necesarios.
Esta es la sentencia de acción de protección de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual Y Reproductiva, con sede en Manta. Puede leer aquí la decisión judicial que es pública:
Y aquí la publicación del Ministerio de Educación en cumplimiento de la sentencia: https://educacion.gob.ec/accion-de-proteccion-a-d-f-m-v/
En dicha resolución consta que hubo violación de los derechos constitucionales, a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho a la igualdad; por lo que se ordenó que sea reintegrada a las funciones que venía desempeñando en la Unidad Educativa.
