La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un operativo que dejó ocho personas detenidas y 11 allanamientos en Guayaquil, Quito y Morona Santiago, dentro de una investigación por una presunta estructura de delincuencia organizada que habría intervenido en procedimientos judiciales y controles penitenciarios.
Según información difundida por el ministro del Interior, Jhon Reimberg, entre los investigados estarían siete médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y personas relacionadas con la defensa técnica.
La investigación, que se habría extendido durante aproximadamente ocho meses, apunta a presuntos delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio. Las autoridades indagan si esta estructura habría actuado para beneficiar al ciudadano albanés Dritan Rexhepi, quien tiene una condena de 13 años de prisión en Ecuador por narcotráfico.
Presuntas irregularidades en controles penitenciarios
De acuerdo con la versión entregada por Reimberg, la estructura habría buscado generar la apariencia de que Rexhepi continuaba cumpliendo en Ecuador las obligaciones impuestas por las autoridades, pese a que ya había abandonado el territorio nacional.
Rexhepi salió de Ecuador por el paso fronterizo de Rumichaca el 7 de septiembre de 2022, utilizando presuntamente una identidad falsa. Posteriormente, fue detenido en Turquía en noviembre de 2023.
Sin embargo, mientras permanecía fuera del país, en Ecuador habrían continuado registrándose a su nombre presentaciones ante el SNAI y certificados médicos destinados a justificar supuestas obligaciones o inasistencias.
La investigación también señala como posible mecanismo de fraude la reproducción de una huella dactilar de Rexhepi mediante un guante de látex, además del presunto empleo de firmas falsas, documentación irregular, certificados médicos y registros de asistencia.
Una investigación que involucra a funcionarios y particulares
La operación busca determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y establecer si existió una estructura coordinada para alterar procedimientos oficiales en beneficio del condenado.
La información conocida hasta el momento corresponde a una investigación por presuntos delitos, por lo que la responsabilidad individual de los detenidos deberá determinarse dentro del proceso judicial y con respeto al debido proceso.
El caso vuelve a poner bajo investigación los mecanismos utilizados para verificar el cumplimiento de medidas y presentaciones de personas sometidas a controles penitenciarios. La Fiscalía y la Policía deberán establecer cómo se generaron los registros cuestionados, quiénes participaron y qué beneficios concretos se habrían obtenido mediante estas presuntas irregularidades.
