Los cuestionamientos a la ampliación del Patio 600 del Puerto de Manta suma una nueva arista. Representantes de la Comisión de Defensa de la playa El Murciélago presentaron este martes 15 de septiembre una acción de protección con medida cautelar que pretende frenar la intervención que se ejecuta en el sector.
El proyecto en cuestión contempla una ampliación de aproximadamente tres hectáreas y una inversión superior a USD 2,3 millones, de acuerdo con información difundida por el Terminal Portuario de Manta. La empresa sostiene que la obra permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar sus operaciones.
Acción de protección: piden suspender obras
La acción de protección con medida cautelar fue presentada en la ciudad de Manta este martes 15 de septiembre. El documento ha sido suscrito por el Abg. Trajano Andrade Viteri, abogado en libre ejercicio y quien afirma actuar respaldado por la Comisión Cívica de Defensa de la Playa El Murciélago de Manta.
El documento solicita que se resuelva la vulneración constitucional de los Derechos de la naturaleza, reconocidos en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución de la República, se disponga la suspensión definitiva de las obras del Patio 600 en tanto no se acredite, mediante estudio técnico independiente, que la obra no afecta ni afectará de forma grave e irreversible al ecosistema.
El documento señala como entidades públicas accionadas a la Autoridad Portuaria de Manta y Terminal Portuario de Manta. Adicionalmente, solicitan que también se tome en consideración al Municipio de Manta, al Gobierno Provincial de Manabí, Ministerio de Ambiente y Tecnología y a la Procuraduría General del Estado.
El Gobierno defiende la ampliación
Durante una rueda de prensa desarrollada este 15 de septiembre, Bryan Andrade, viceministro de Servicios y Transporte (s), se refirió a los cuestionamientos y aseguró que la obra no generará afectaciones ambientales. “Tajantemente le digo que no. No hay una afectación ambiental”, afirmó el funcionario, quien señaló que el proyecto cuenta con un plan de manejo ambiental.
Sobre la acción de protección, el funcionario afirmó que es plausible la preocupación ciudadana; sin embargo, advirtió sobre posibles injerencias políticas: “la acción de protección es una medida permitida para cualquier persona… lo que nosotros vamos a criticar es que se quiera hacer de esa preocupación ciudadana política o politiquería”; acotando que las instituciones públicas involucradas responderán con los argumentos necesarios para justificar la intervención ante el juez competente.
Andrade también explicó que la ampliación incorporará aproximadamente tres hectáreas al Patio 600 existente. Según sus declaraciones, el área total alcanzaría seis hectáreas y tendría capacidad para almacenar alrededor de 5.000 vehículos, y responde al crecimiento del movimiento de carga en el puerto manabita.
¿Hasta dónde podría llegar el desarrollo portuario?
Otra de las declaraciones de Andrade abrió un nuevo punto de debate. El funcionario se refirió al área como parte de una denominada “zona de desarrollo portuario” y que en el contrato de delegación ya estaba considerada este terreno para su ampliación.
Así mismo, señaló que, si existieran otros terrenos que puedan ser entregados en una delegación y formen parte del proyecto portuario contemplado en el contrato de delegación, este podría expandirse. La afirmación genera una interrogante adicional dentro del debate: ¿Cuál es exactamente el alcance territorial de esa zona y qué espacios podrían incorporarse en futuras ampliaciones?
