Manta y Portoviejo están entre los municipios que podrían instalar y operar fotorradares, de acuerdo con la reforma a la Ley de Tránsito aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de septiembre de 2026.
La reforma fue aprobada con 87 votos y establece nuevas condiciones para el uso de estos sistemas de control en Ecuador. Sin embargo, todavía no entra en vigencia: el proyecto fue enviado al presidente Daniel Noboa, quien tiene hasta 30 días para sancionarlo u objetarlo de manera total o parcial.
¿Qué plantea la reforma sobre los fotorradares?
Los equipos podrán ser instalados y operados por municipios que tengan competencias de tránsito y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa. En el listado constan Manta, Portoviejo, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Riobamba, Esmeraldas, Babahoyo, Santo Domingo, Machala, Azogues, Latacunga, Durán, Milagro, Quevedo y Rumiñahui, entre otros.
También están incluidas la Mancomunidad del Norte, conformada por 15 municipios, y la Mancomunidad de Tungurahua, que reúne a ocho cantones. En total, la reforma contempla 41 municipios, mediante gestión individual o mancomunada.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) continuará encargada de homologar los equipos. Además, los puntos controlados mediante fotorradares deberán tener señalización visible en el lugar y al menos 500 metros antes del dispositivo.
Empresas privadas no podrán recibir un porcentaje de las multas
Otro de los cambios establece que las empresas privadas contratadas para operar sistemas tecnológicos de control no podrán recibir porcentajes, participaciones o incentivos relacionados con el valor de las multas.
Su remuneración deberá establecerse de acuerdo con las condiciones económicas fijadas en cada contrato.
La reforma también dispone que la ANT y el ente rector del transporte tendrán 180 días desde la publicación de la ley para revisar los equipos que ya se encuentran instalados en el país. Los dispositivos que no cumplan las nuevas condiciones deberán ser retirados, previo al procedimiento correspondiente.
En la red vial estatal, el control estará sujeto a las competencias que determine el ente rector, con participación de la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
Por ahora, la posibilidad de que los fotorradares vuelvan a operar en municipios como Manta y Portoviejo depende de la decisión que adopte el Ejecutivo. Si Noboa no presenta objeciones dentro del plazo constitucional, la reforma continuará el proceso para su publicación en el Registro Oficial y posterior entrada en vigencia.
