El Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano se pronunció de forma oficial tras los recientes cuestionamientos ciudadanos y políticos sobre la presunta desvinculación masiva de su personal. La controversia se originó luego de que trascendieran alertas sobre un supuesto recorte laboral que afectaría a más de 300 funcionarios de esta cartera de Estado, lo que generó un clima de incertidumbre respecto a la administración del talento humano y la operatividad de la institución.
A través de sus canales digitales, la entidad gubernamental emitió una respuesta frente a las críticas, aunque optó por mantener una postura cautelosa. En su comunicado, el ministerio no confirma ni niega de manera explícita la ejecución de los despidos denunciados, limitándose principalmente a asegurar que las operaciones regulares y los servicios ofrecidos a la ciudadanía no se verán interrumpidos en ninguna circunstancia.
Este pronunciamiento institucional surge como respuesta al contexto de fiscalización impulsado por la asambleísta manabita Gabriela Molina, representante de la Revolución Ciudadana. La legisladora encendió las alarmas y levantó un pedido formal de información, exigiendo explicaciones claras sobre esta supuesta ola de recortes en las dependencias gubernamentales.
En su requerimiento, Molina demandó que se transparente el alcance de la medida, buscando determinar si entre el personal desvinculado constan trabajadores de la provincia de Manabí. La preocupación central de la asambleísta radica en que el despido de trabajadores del área operativa podría paralizar o mermar severamente la ejecución de diversos programas sociales que resultan vitales para las poblaciones más vulnerables.
La situación en el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano se enmarca en un proceso más amplio de reestructuración por parte del Gobierno nacional. Mientras circulan versiones no oficiales sobre recortes que podrían alcanzar un porcentaje mayor de la nómina, la falta de confirmación sobre la cantidad exacta de despidos mantiene en alerta a los sectores legislativos que vigilan la continuidad y calidad de la atención pública.
