La Asamblea Nacional aprobó con 85 votos el inicio de un proceso de fiscalización sobre las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos del país, una decisión que surge a cinco meses de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.
La resolución se basa en información relacionada con registros patrimoniales presentados ante la Contraloría General del Estado, los cuales han sido objeto de análisis y debate en las últimas semanas.
Detectan decenas de casos con variaciones patrimoniales
Durante el debate legislativo, el asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, señaló que se revisaron las declaraciones de 225 alcaldes y 23 prefectos, encontrándose 79 casos con variaciones patrimoniales relevantes.
Tras la aprobación de la resolución, la Comisión de Gobiernos Autónomos tendrá un plazo de 90 días para elaborar y presentar un informe con los resultados de la fiscalización.
El Pleno legislativo también dio paso a una investigación sobre la adquisición de 60 trolebuses eléctricos realizada por el Municipio de Quito en 2025.
Desde el oficialismo se sostiene que existen elementos adicionales a las observaciones realizadas por la Contraloría, que previamente determinó un posible perjuicio económico para el Estado de USD 2,5 millones.
El legislador de ADN, Xavier Ordoñez, aseguró que documentación incorporada al proceso reflejaría que la compra pudo haberse realizado a un costo significativamente menor si se hubiera efectuado directamente con el fabricante.
Correísmo denuncia persecución política
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, los legisladores defendieron la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y destacaron los beneficios de la adquisición para el sistema de transporte público y el medio ambiente.
La asambleísta Liliana Durán cuestionó que estas investigaciones se impulsen en un contexto preelectoral y sostuvo que existe una intención de afectar políticamente a autoridades vinculadas a su organización.
Oposición cuestiona competencias de la Asamblea
Por su parte, representantes de otras fuerzas políticas también expresaron reparos sobre la medida. El legislador socialcristiano Alfredo Serrano afirmó que la Asamblea no tiene competencias para fiscalizar directamente a los gobiernos autónomos descentralizados.
Según esa postura, el control político de municipios y prefecturas corresponde a los respectivos concejos municipales y consejos provinciales, mientras que la fiscalización de la Función Ejecutiva es una de las atribuciones principales del Legislativo.
Concejo de Quito también deberá pronunciarse
Entre las recomendaciones aprobadas por la Asamblea consta un exhorto al Concejo Metropolitano de Quito para que realice una fiscalización sobre la compra de los trolebuses.
La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa política entre oficialismo y correísmo, en medio de un escenario marcado por la cercanía de las elecciones seccionales y el debate sobre el alcance de las competencias de control político.
