La contienda por la Prefectura de Manabí toma forma y los candidatos exponen sus visiones para la provincia. En una reveladora entrevista para el programa digital Hablamos de Política, conducido por Juan Pablo Trámpuz, el candidato por la alianza ABC (Acción, Bienestar y Cambio) y exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Francisco Bravo, detalló su plan de trabajo.
Su pasado en el CPCCS: Lucha contra la corrupción y la realidad del sistema
El paso de Bravo por el CPCCS representa su principal carta de presentación en el ámbito público. Bravo enfatizó que fue él quien presentó, como parte de sus funciones en el CPCCS, la denuncia por delincuencia organizada contra los miembros del Comité de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Destacó que, fruto de esta acción, figuras de alto nivel político como el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal fueron procesados y sentenciados, advirtiendo que los delitos de peculado son imprescriptibles y que vendrá un «segundo atarrayazo» para quienes aún no rinden cuentas.
Al analizar las demoras del CPCCS para designar autoridades de control, Bravo explicó que el problema es estructural. Detalló que las comisiones ciudadanas se paralizan constantemente porque las distintas funciones del Estado cambian a sus delegados a mitad de los procesos. Su propuesta para destrabar esto es una reforma que permita elecciones «verbal sumarias» mediante un acuerdo directo de las cinco funciones del Estado.
El exvocal fue contundente al describir las presiones externas: «El Consejo es un ente que está chantajeado por la actuación política». Reveló que las mayorías legislativas condicionaban los juicios políticos a la designación de autoridades específicas. Sobre su censura y destitución por parte de la Asamblea y la Corte Constitucional, Bravo lo explicó señalando que pagaron «justos por pecadores». Aclaró que él formó parte de los cuatro vocales que sí debatieron la terna en cuestión, pero la sanción recayó sobre los siete miembros de forma general, un capítulo que hoy considera cerrado tras haber actuado conforme a sus competencias.
Su decisión de ir por la Prefectura: Liderazgo ante el abandono
Para Bravo, su candidatura nace de una reflexión profunda y del eco de diversos sectores sociales y analistas que reclaman un liderazgo claro en la provincia. Según su diagnóstico, Manabí se encuentra en un «hueco profundo del abandono», y él asegura contar con la capacidad y decisión para revertir esta realidad.
Consultado sobre su participación bajo el auspicio de agrupaciones políticas tradicionales que ya estuvieron en el poder (Sociedad Patriótica y CREO), el candidato mostró una visión muy pragmática. Explicó que, en las elecciones seccionales, los manabitas valoran fundamentalmente a la persona y sus propuestas, en lugar de la tienda política.
Para este reto, destacó la conformación de su binomio con Yadira Menéndez, candidata a viceprefecta, a quien describió como una servidora pública de trayectoria intachable, con 24 años de experiencia como auditora en el SRI y sin pasado político, aportando un perfil técnico de alta confianza para su equipo.
Sus propuestas en caso de llegar: Optimización, riego y alivio económico al sector rural
El momento más ilustrativo de la entrevista se dio cuando Bravo expuso, con productos en mano (plátano barraganete, cacao, camote y yuca), el enorme esfuerzo del campesino manabita, rechazando comentarios de otros actores políticos que han insinuado que al hombre del campo «le gusta que le regalen todo«. A partir de esta defensa, estructuró sus principales propuestas:
Exhibiendo el orgánico funcional del Gobierno Provincial, Bravo cuestionó la existencia de 23 direcciones (con sueldos cercanos a los $4.000) y múltiples subdirecciones que, a su juicio, representan un gasto innecesario. Su promesa es reducir estas direcciones a la mitad y erradicar el «piponazgo», para que los 221 millones de dólares del presupuesto provincial se destinen verdaderamente a fomentar la agricultura y la vialidad rural, en lugar de sostener una estructura inflada.
Adicionalmente, propone incorporar 15.000 hectáreas cultivables en el Valle de Sancán mediante un acueducto desde Lodana y la creación de embalses. Además, planea revestir con hormigón los históricos canales de tierra en Rocafuerte y Charapotó; solicitar al Estado las hidroeléctricas de Poza Honda y La Esperanza (aunque evitó dar detalles específicos del estado de estas infraestructuras); y pedir la competencia del Acueducto de la Refinería del Pacífico para proveer de agua a cantones como Manta, Montecristi y Jaramijó, aprovechando su capacidad instalada que hoy funciona a medias.
En un guiño directo a la economía rural, Bravo anunció que revisará la ordenanza de contribución por mejoras para exonerar del pago de rodaje a las motocicletas y tricimotos. Considera injusto cobrar este tributo a los campesinos que solo reciben «polvo en el verano y lodo en el invierno», asegurando que el impacto en la recaudación es mínimo, pero significará un alivio directo para el agricultor.
Mira la entrevista completa aquí:
